martes, 14 de diciembre de 2010

El giro a la derecha se paga con sangre

Por: Manolo Romano

En los hechos, el de Cristina ya no es el gobierno “de los derechos humanos” que ‘La Cámpora’ y las agrupaciones oficialistas festejarán con un recital este viernes 10 en Plaza de Mayo. Contrariamente a lo que podía pensar el “progresismo” K luego del asesinato de Mariano Ferreyra, el régimen no sólo que no se ha puesto límites en la “represión a la protesta social” sino que ha acelerado su política de “orden” en el curso de pocas semanas, con los asesinatos de Formosa y de Soldati.

La explicación, que venimos señalando desde estas páginas, es el claro giro a la derecha del gobierno luego que CFK heredara un súbito fortalecimiento con la muerte de Néstor Kirchner. Sobre la base de una nueva “luna de miel” en los sectores populares y el arco de la centroizquierda, el gobierno tomó banderas caras al Grupo A y la oposición mediática de Clarín y La Nación, como la decisión del pago al Club de París y la vuelta del FMI con la excusa de “asistencia técnica” para hacer creíble al INDEC como lo reclama todo el establishment burgués. La Cumbre Iberoamericana de la semana pasada en Mar del Plata, dio otra muestra de este giro llevado a la política exterior. Sin bien los Kirchner siempre fueron bien pronorteamericanos, incluso en su cruzada contra Irán ubicándose a la derecha del Brasil de Lula; esta vez hubo un explícito emblocamiento contra el “eje bolivariano”. Argentina se alió a México, Colombia, Brasil y Chile en el rechazo a la condena a EEUU, propuesta por Rafael Correa de Ecuador, luego de que saliera a luz en los cables secretos del Departamento de Estado mas datos de las conspiraciones de las embajadas yanquis contra Bolivia y Venezuela (dicho de paso, la diplomacia “nacional y popular”, en vida de Néstor, jugaba un rol de doble agente según los mismos cables).

La “gobernabilidad” pejotista

Con el norte de la reelección de Cristina en el 2011, en las grandes provincias que le han sido hostiles, como Córdoba y Santa Fe, el oficialismo teje armados electorales con los barones del peronismo sojero de De La Sota-Schiaretti y Reutemann-Obeid. En fin, la “gobernabilidad” de CFK descansa en los gobernadores “feudales”, como Insfrán de Formosa, ligados a los dueños de la tierra con que el gobierno confrontó en el 2008. En el bastión del PJ bonaerense, el pretendido liderazgo de Moyano ahora se diluyó detrás de Scioli, los intendentes y su red de punteros. Dentro de la inestable coalición de gobierno, ha ganado un peso cualitativo la vieja estructura pejotista en detrimento de la centroizquierda K que es llevada de las narices en pos de “la profundización y continuidad del modelo”. Los últimos días vimos, además, gestos hacia la oposición política, como se plasmó en la participación en el acto de Puerto Madero por el descubrimiento del megayacimiento de gas, del jefe de senadores la UCR, el derechista Ernesto Sanz y del propio Mauricio Macri, el mismo día que ambos gobiernos enviaban sus policías a reprimir en Villa Soldati.

Si el acto en River de la CGT junto a los Kirchner envalentonó a la patota de Pedraza, las señales a derecha de Cristina dieron luz verde al aparato estatal sobre el que se apoya el gobierno. Bien mirado, si se cae el mandato de “no reprimir la protesta social”, la de CFK es, básicamente, una política duhaldista: endeudamiento externo y Pacto social para favorecer a los empresarios y contener la presión de los sindicatos; más “unidad del peronismo” basado en el control de intendentes y gobernadores; más “autoridad para poner orden” a los que desafíen este esquema con la movilización. En fin, ¿será que el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, que allá por el 2003 se definió a si mismo como “duhaldista portador sano”, ha expandido el virus a toda la estructura de gobierno?

La “Triple Alianza” contra el movimiento obrero y el sindicalismo la izquierda

Se presume que es el mismo Aníbal Fernández el que fogonea lo que Moyano definió como “acoso judicial” con las causas en el manejo de las obras sociales. Otro cambio importante del “nuevo gobierno” de Cristina es la orientación para debilitar el peso relativo de los jefes de la CGT en el sistema de alianzas de gobierno. Pero de ninguna manera esto significa que vaya a prescindir de la burocracia sindical de la CGT, como lo desearía el establishment. Por el contrario, el gobierno la necesita contra posibles desbordes de los reclamos obreros y el sindicalismo de izquierda. La gran política de Estado es preservarlos de la embestida patronal dándoles un lugar preponderante en el ‘Acuerdo Económico y Social’, y, al mismo tiempo, domesticarlos haciéndolos funcionales tanto a los intereses de las cámaras empresarias como al objetivo gubernamental de contención del movimiento obrero. Aunque públicamente los jefes de las corporaciones patronales señalen a Moyano como el enemigo a doblegar, el diario de De Narváez, siempre atento a sus necesidades, señala con claridad que “desde las entidades empresarias siguen de cerca lo que denominan el nuevo engranaje sindical. Se refieren a la línea armada por los metrodelegados, los representantes informales de Kraft, Pepsico y otras alimenticias. “No tienen los códigos del viejo sindicalismo y todo indica que tendrán mayor protagonismo durante el año próximo”, advierte un director de Recursos Humanos al que le tocó sentarse del lado de enfrente” (El Cronista, 7/12).

Por ello, lo que actuó en forma concentrada en el ferrocarril Roca con la UGOFE por encima del accionar de la patota asesina, es la asociación “tripartita” que el gobierno quiere elevar a rango estatal con el Pacto Social: los representantes del Estado (y sus policías), los empresarios y los burócratas sindicales.

Nuevos desafíos

Este sábado 11 de diciembre se congrega el sector más significativo de ese sindicalismo de base y de izquierda al que temen. Se hará un acto-homenaje a Mariano Ferreyra frente a las oficinas de la UGOFE en Plaza Constitución, y luego un nuevo Encuentro Nacional de trabajadores clasistas con cientos de delegados de base y comisiones internas recuperadas de todo el país. Esta vez se desarrollará en un nuevo marco nacional que requiere de definiciones para una actividad política más conciente y organizada. El impulso que se dará a los reclamos obreros como el fin de la tercerización laboral, o la elección de delegados para unir en cada lugar de trabajo a trabajadores efectivos y contratados en el camino de recuperar los sindicatos para la lucha, no debe limitarse a un enfrentamiento contra las patronales y la burocracia sindical. Se requiere de la formación de una fuerte corriente político- sindical de militantes, enraizada en todo el país, que defienda el derecho sagrado a las acciones de lucha y de protesta y, desde la independencia de la clase trabajadora, de una salida a los millones que padecen la falta de vivienda o de tierras, como en Soldati o Formosa, al pueblo pobre compuesto por miles de hermanos inmigrantes y de las comunidades indígenas que son demonizados por los que reclaman ir hasta el final con la “mano dura”. Se necesita una orientación política que enfrente el curso derechista del gobierno que decide destinar más recursos para el pago de la deuda externa y mejorar la rentabilidad empresaria para, por el contrario, poner todos los recursos nacionales, como el gas, el petróleo y la tierra, al servicio de un plan de los trabajadores, los explotados y oprimidos.

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