Por: Ruth Werner
Ya se los advirtió Cristina a los kirchneristas de centroizquierda que estuvieron en Huracán: “Quiero decirles a todos ustedes que cuando incorporen a otros argentinos no les pregunten de dónde vienen, no les pregunten cuál es su historia”. Bajo este lema de la presidenta, el gobernador K de La Rioja ampara al mismísimo Carlos Saúl Menem y a sus partidarios en el armado electoral de la provincia. Semanas atrás, había sido el triunfo que se presentó como progresista en Catamarca y terminó mostrando los lazos de sangre entre la kirchnerista Lucía Corpacci con la familia feudal de los Saadi y cobijando a los hombres de Barrionuevo (un “piso moral” bajo como para decir: “nunca menos” que esto). En Chubut, sin duda que el crecimiento del kirchnerismo se basa en el pasaje de gran parte del aparato pejotista provincial a las filas de la reelección de Cristina. Días atrás la presidenta ratificó su alianza con la burocracia sindical corrupta después que Moyano amenazara con una demostración de fuerzas. Este último fue, sin duda, el principal hecho político de la semana pasada.
El “poder”… para la burocracia sindical
Moyano presentó toda su movida detrás de la idea de que “los trabajadores queremos llegar al poder, eso es lo que molesta”, como dijo en la conferencia de prensa donde desactivó el paro. En realidad Moyano pretende mantener el poder de la burocracia dentro de la alianza del gobierno con el aparato de intendentes y gobernadores del Partido Justicialista, la centroizquierda de los movimientos sociales, agrupaciones como La Cámpora y organismos de derechos humanos.
“Yo sabía desde el día anterior que la medida se iba a levantar pero no se lo dije absolutamente a nadie. Quería probar la solidaridad de otras organizaciones gremiales”, declaró Hugo Moyano en una entrevista a Tiempo Argentino. El jefe de la CGT presentó la amenaza como una respuesta a una “conspiración” mediática contra su persona (23/3) alentada desde el Grupo Clarín. Pero más allá de lo que diga ahora el jefe de la CGT, en realidad Moyano intuyó que el canciller Timerman y un sector del gobierno habría sido parte de la maniobra, dejando correr el exhorto enviado por la Justicia Suiza. Lo que se vio la semana pasada fue un planteamiento de la CGT ante la presidenta que se viene recostando para su lanzamiento a la reelección en los sectores de centroizquierda que se nuclearon en el acto de Huracán.
El paro, vergonzosamente, tenía dos objetivos. Por un lado defender los privilegios de la casta corrupta y mafiosa de la CGT ya que en el exhorto de los suizos se pedía colaboración a la Argentina para investigar un posible “origen ilícito” de la cuenta 25.491 del Standard Chartered Bank, a nombre de Ricardo Despresbiteris y su esposa, directores de Covelia S.A. El crecimiento gigantesco de esa empresa está sospechosamente asociado al líder de la CGT, y el jugoso negocio de la recolectora de residuos factura $720 millones al año, cuenta con 3.000 empleados (todos afiliados al gremio de Camioneros) y una flota de 800 camiones, y establece contratos con 12 municipios del Conurbano Bonaerense. La amenaza de paro tenía el objetivo de recordar la fuerza del aparato de Moyano para paralizar gran parte del transporte, con lo que el jefe de la CGT buscaba presionar al gobierno para obtener cargos en las listas electorales del Frente para la Victoria. El exhorto terminó volviendo a Suiza por razones formales, y la negociación de Moyano con el kirchnerismo está abierta -y las heridas de la crisis también.
Cinco días después de levantado el paro Hugo Moyano volvió a la carga anunciando una nueva demostración de fuerzas con la convocatoria para el 30 de abril a un acto en la Av. 9 de Julio para el día del trabajador. Aunque los medios lanzaron la campaña de que pretende para sus huestes el cargo de vicepresidente de la Nación, a lo que aspira es meter varios diputados en las filas del FPV. Más allá de cuanto logre, Cristina tuvo que enviar un mensaje contemporizador desde el acto que realizó con intendentes en Avellaneda, contra su propia conveniencia electoral y cuando viene queriendo mostrar distancia de la desprestigiada burocracia sindical para ganar votos de la clase media y el progresismo, y contentar al establishment que puja contra la alianza gubernamental con los sindicatos.
Aunque la Rosada ratificó la alianza con la CGT, la pelea con Hugo Moyano puso en evidencia las contradicciones estratégicas que sostienen al kirchnerismo. Mientras la gran patronal, a la que CFK busca complacer, quiere minar el poder de los sindicatos, la CGT quiere presentarse como de utilidad para garantizar “gobernabilidad” al kirchnerismo.
“Ni llantos ni gritos”
Al anunciar una serie de medidas a favor de los empresarios industriales, la Presidenta instó a patrones y sindicatos a "dejar de llorar y dejar de gritar" como una actitud de "madurez, seriedad y responsabilidad" ante las negociaciones paritarias. El pedido de Cristina, que le dice a los empresarios que “no lloren” mientras se la están llevando en pala, vuelve a insistir en que el sacrificio lo hagan quienes tienen necesidades para reclamar: “no griten”. Que nadie levante la voz por el 50% de los trabajadores argentinos que gana menos de 2.800 pesos mensuales, ni por el 35% de los trabajadores que está en negro o por los millones de trabajadores que trabajan de forma precaria, con contratos basura, para empresas tercerizadas. Que los dirigentes de la CGT que avalaron el veto presidencial a la ley de 82% móvil sigan sin abrir la boca cuando el 84% de los jubilados percibe la mínima y está bajo la línea de pobreza.
Para los que “gritan” y reclaman desbordando a los dirigentes de la CGT, el gobierno los amenaza con el código penal, iniciando procesos judiciales por cortar rutas, calles o vías, como a los dirigentes de Kraft y Pepsico opuestos a Daer en el gremio de la Alimentación, cuando no es la misma burocracia la que los persigue y los expulsa de los sindicatos como le pasó a Guillermo Betancourt por encabezar la movilización de los afiliados de la UOM Campana contra Techint, o a Hernán Puddu del SMATA Córdoba por defender a los contratados despedidos por Cristiano Ratazzi y los patrones de Fiat Iveco. Parece que en la consigna de la izquierda K de “pueblo o corporaciones”, el gobierno y su burocracia sindical está con las corporaciones. Esta tarea de “policía interna” al interior del movimiento obrero es lo que quiere cobrarle la burocracia sindical al kirchnerismo con cargos “institucionales” en lo que el peronismo unido espera como un segundo mandato de Cristina.
El “poder de los trabajadores” por el que lucha Moyano es una farsa para pelear un espacio para la burocracia sindical dentro del esquema peronista de conciliación entre los trabajadores y la clase empresaria.
Por su parte, los que se han autodenominado la Central “alternativa”, la CTA, acaban de reunir su Congreso en la ciudad de Mar del Plata, donde también se proclamó desde las tribunas el “se siente, Víctor presidente”. Otra mascarada para apoyar una vía de conciliación de clases “alternativa” a la de la CGT, en la que los dirigentes sindicales van detrás de Pino Solanas, que puede terminar integrando una fórmula junto al sojero Binner de la misma manera que ayer militaron junto a la Federación Agraria para apoyar la Mesa de Enlace encabezada por la Sociedad Rural.
En este marco, el PTS saluda la oportuna reaparición del periódico obrero Nuestra Lucha que, nada menos que en el 35º aniversario del golpe genocida, acaban de relanzar los obreros de Zanon y el sindicato ceramista de Neuquén, los delegados de las comisiones internas de Kraft y Pepsico en la industria de la alimentación, los ferroviarios de la agrupación Bordó del Roca, los metrodelegados clasistas del subte y miles de luchadores antiburocráticos y delegados de base de todo el país. El PTS y su Juventud trabajadora estudiantil pondrán todo su esfuerzo en acompañar y desarrollar esta herramienta para forjar una fuerte corriente de militantes obreros con la bandera de la independencia de clase y la lucha por el verdadero poder de los trabajadores.
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