Desde la agrupación Pan y Rosas y la Juventud del PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores hoy venimos a repudiar la llegada a la ciudad de Monseñor Marino, designado personalmente por el Papa como Obispo por haberse destacado en la lucha contra el matrimonio igualitario en 2010. Esto como parte de la campaña de una institución reaccionaria cómplice y partícipe del genocidio en la Argentina, que encubre curas abusadores, la Iglesia que persigue a las estudiantes católicas que quedan embarazadas y las echa de sus colegios, la Iglesia que está en contra de la anticoncepción, la Iglesia misógina, homofóbica y patriarcal.
No está de más recordar que el derecho al matrimonio igualitario lo arrancamos al Congreso mediante la lucha en las calles, oponiéndonos a estos oscuros personajes y sin confiar en la rosca parlamentaria, es así como también vamos a conseguir el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Derecho que es fundamental conquistar dado que en argentina la principal causa de muerte de mujeres jóvenes son las consecuencias de los abortos clandestinos, siendo más de 400 mujeres las que mueren cada año en estas circunstancias. A pesar de tener una presidenta mujer, este gobierno junto con la Iglesia y la oposición patronal nos sigan negando este derecho porque dicen “defender la vida”. Sin embargo esta alianza entre Cristina y la Curia demuestra una gran discriminación a las mujeres trabajadoras y pobres, ya que son ellas las que mueren producto de la clandestinidad del aborto, por no contar con los $2000 que cuesta su realización en clínicas privadas. Las más de 400 muertes anuales podrían evitarse si la interrupción voluntaria del embarazo se practicara legalmente en los hospitales públicos, con personal e instrumental idóneo.
En este año electoral, es parte de la campaña pública del Frente de Izquierda y los trabajadores, luchar para que se apruebe el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro, Libre y Gratuito. Porque eso es lo que no dicen otros políticos, y nosotros lo decimos todos los días con nuestra lucha en los lugares de trabajo y estudio, todos los años en los Encuentros Nacionales de Mujeres, en todas las movilizaciones del 8 de marzo y del 28 de setiembre, pero también lo decimos en este momento, cuando hablar de este tema para algunos es algo que produce molestia.
Por eso, queremos poner nuestras candidaturas al servicio de esta lucha, y también exigimos la ley de identidad de género. Porque también es parte de la lucha por la salud de las mujeres, luchar por la salud de todas las personas transexuales, travestis y transgénero, que no pueden acceder de la misma manera que los hetererosexuales a sus derechos, porque no les está permitida su identidad.
Para terminar con el oscurantismo medieval y hacer efectivo el derecho al aborto así como el resto de las demandas democráticas es necesario apelar a la movilización en las calles hasta separar la Iglesia del Estado, expropiando todos sus bienes y propiedades. Hay que cortar el chorro de los subsidios y abolir todas las leyes que garantizan el desarrollo de esta institución reaccionaria, reforzada por toda la legislación vigente de la dictadura militar. Los socialistas revolucionarios que integramos el FIT defendemos el derecho a la libertad de culto correspondiente a la vida privada de las personas. Que los curas vayan a trabajar como cualquier otra persona.
¡Por la separación de la Iglesia del Estado! ¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios! ¡Por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito!
En las agencias de trabajo, la situación se repite: miles de jóvenes trabajadoras son forzadas a ocultar a sus hijos en las entrevistas con el jefe de personal. Si ya están trabajando cuando quedan embarazadas, son despedidas. La mayoría trabaja en condiciones precarias, sin ningún resguardo legal ante el despido, ni mucho menos guardería o licencia por maternidad. Sin embargo, una de cada tres mujeres que trabaja es jefa de hogar. ¡Y más de la cuarta parte de las mujeres del país vive bajo la línea de pobreza! Esa es la realidad de millones de mujeres, porque sólo el 2,5% de las que trabajan son “patronas”; son muy pocas las cuentapropistas y la enorme mayoría –¡el 80%!- son asalariadas. Este ejército de mujeres trabajadoras es mayoría en la educación, la salud y el trabajo doméstico; representan casi la mitad de los trabajadores de Comercio, Hoteles y Restaurantes. También tienen una alta participación en la industria textil y en la alimentación; pero siempre son incluidas en sectores donde se necesita menor calificación técnica –aunque la mayoría de las trabajadoras terminó el secundario-, donde cobran salarios menores a los de sus compañeros varones. A la discriminación laboral, los salarios más bajos y los trabajos más precarios, hay que agregar que las mujeres corren el riesgo de ser víctimas del abuso de capataces y patrones. Y que, además, están sometidas a otra jornada de trabajo que nadie reconoce como tal y que se hace gratuitamente: la que se dedica a las tareas domésticas y al cuidado de la familia. No es algo menor, porque esa extenuante jornada es una de las razones que, en la práctica, impide que las mujeres tengan el mismo derecho que sus compañeros a dedicarse a la organización y la lucha por sus propios derechos.
Como si todo esto fuera poco, son las trabajadoras, las mujeres de las barriadas populares, las jóvenes con empleos precarios y desocupadas las que corren riesgos de salud y hasta el peligro de morir cuando, por las más diversas circunstancias, recurren a la interrupción voluntaria del embarazo.
No más muertes por abortos clandestinos
Todas las mujeres atravesamos la experiencia de un aborto o vivimos de cerca esa experiencia de nuestra madre, nuestra hija, una hermana, una amiga, una vecina, una compañera de trabajo o estudio. Porque, en Argentina, se practican 500 mil abortos cada año: la más elocuente demostración de que la penalización del aborto no impide que éste se realice y que las mujeres de todas las condiciones sociales recurran a la interrupción voluntaria del embarazo bajo las más diversas circunstancias. La penalización del aborto, evidentemente, no impide su práctica; lo único que consigue es que se realice en clandestinidad.
Y si bien todas las mujeres atravesamos o vivimos de cerca la experiencia del aborto, las condiciones impuestas bajo la clandestinidad no son para todas iguales. Para una minoría, están disponibles las clínicas truchas –con atención médica, anestesistas, monitoreo cardíaco, enfermeras e higiene-, donde el pago de más de mil dólares garantiza una intervención quirúrgica aséptica, rápida, sin complicaciones. Se calcula que el negocio reditúa mil millones de pesos al año, una cifra que no sólo permite cubrir los costos y los honorarios profesionales, sino que también paga la impunidad, mediante coimas a la policía, los funcionarios municipales, abogados, etc.
Mientras tanto, una gran mayoría de las mujeres no encuentran otra salida que recurrir a parteras y enfermeras que atienden en su propia casa, a métodos caseros de improbable eficacia, a farmacéuticos y curanderos, a consejos que circulan a media voz, a otras medidas drásticas sugeridas por la propia desesperación… ¿Para qué entrar en detalles por todas sabidos? Se calcula que son aproximadamente 400 las mujeres que mueren por esta razón, cada año, con perforaciones uterinas, hemorragias incontrolables y cuadros de infecciones generalizadas. Las que corren ese riesgo son las adolescentes y jóvenes de las barriadas populares, las mujeres que tienen trabajos precarios, aquellas que están desocupadas sosteniendo a su familia con subsidios mínimos, las que son sostén de hogar con salarios que ni siquiera cubren la canasta familiar…
Penalizando el aborto no se puede evitar que éste ocurra. En cambio, si fuera legal, se podrían evitar tantas muertes producidas por las consecuencias del aborto clandestino. Por eso, junto con la exigencia de educación sexual y el acceso gratuito a la anticoncepción, la lucha por el derecho al aborto –para que sea legal, seguro y se practique gratuitamente en los hospitales públicos- forma parte de la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras y el pueblo pobre.
Organicemos comités de apoyo a la ley por el derecho al aborto, que junten firmas para exigir que sea aprobada en el Congreso, que impulsen una gran campaña activa con afiches, pintadas, buscando la adhesión de sindicatos, comisiones internas, delegados y delegadas, para que seamos miles quienes nos movilicemos para conquistar este derecho.
