No a la penalización de los cortes

Por: Ruth Werner

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El miércoles 16 tras una reñida asamblea se votaba levantar el piquete en Gualeguaychú por 60 días para iniciar la negociación con el gobierno. El resultado fue impuesto luego de la escalada judicial lanzada por Cristina Fernández, cuando la misma presidenta decidió ponerse a la cabeza de la querella contra los ambientalistas. Los Kirchner pasaron de flamear banderas que decían “Fuera Botnia, viva la patria” en Rosario en 2007 a la penalización contra los ambientalistas a quienes acusan de los más diversos delitos, incluido el de homicidio culposo. Para criminalizarlos se ampararon en una ley del dictador Juan Carlos Onganía cuyo artículo 4º plantea que “el Estado podrá asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública y el patrimonio o rentas fiscales”. La ley data de 1967. Eran tiempos en que se castigaba particularmente a la clase trabajadora y al peronismo proscripto regimentando la resistencia que crecía contra los planes liberales del ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena.

Pero la judicialización de la protesta no se da sólo en Gualeguaychú. En la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Filosofía y Letras de la UBA y los estudiantes de En Clave Roja, acompañados por la FUBA, acaban de realizar un nutrido corte en Callao y Corrientes, en defensa de los estudiantes combativos de En Clave Roja procesados por el gobierno del derechista Mauricio Macri, para quienes los fiscales piden 50 días de arresto por cortar las calles en solidaridad con la lucha de los trabajadores de la Kraft-Terrabusi cuando tomaban la fábrica contra los despidos en 2009. En este clima, en un fallo escandaloso, la justicia condenó a 3 años y 8 meses de prisión a Fernando Esteche, dirigente de Quebracho, por participar de un escrache contra el local de Jorge Sobisch en repudio al asesinato del maestro Carlos Fuentealba.

¿Represión directa o judicialización?

La derecha y el gobierno se pelean por la “mano dura” de la represión directa o la judicialización de la protesta, pero lo que comparten es la necesidad de imponer el orden público. A la penalización del corte de Gualeguaychú le siguió una airada campaña de la derecha mediática. Tanto Clarín como La Nación criticaron la falta de decisión oficialista para que se cumpla la ley. Su ejemplo debe ser el de Andalgalá donde el gobernador cobista Brizuela del Moral reprimió brutalmente a quienes manifestaban contra las mineras de Agua Rica en febrero de este año. O el de Urtubey en Salta (un antiguo aliado de los Kirchner) que encarceló a Pepino Fernández, dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi y mandó a la policía contra los piqueteros que cortaban la Ruta 34 exigiendo su libertad. Del otro lado, los “progres” oficialistas de 6-7-8 contestaban condenando a Gualeguaychú y reivindicando el uso de la justicia, como el mejor método para sacarse de encima a los ambientalistas.

Precisamente, que la derecha pida represión abierta es lo que le permite al kirchnerismo seguir apareciendo como “garante de las libertades democráticas”. No hay que confundirse, la judicialización de los cortes en Gualeguaychú es un experimento desde el cual el gobierno K se propone recomponer la autoridad del Estado capitalista. Es una exigencia permanente de los empresarios que ven con malos ojos el crecimiento de la movilización social porque, como suele decir el jefe de la UIA, Héctor Méndez “el capital necesita reglas claras”. En la cuestión de los piquetes cierra filas toda la patronal. Para Daniel Funes de Rioja, abogado de la COPAL y asesor de la UIA “existe el Estado y su poder de decisión judicial, para restablecer el orden”.

Poder punitivo del Estado

Para el kirchnerismo se trata de aceitar las instituciones punitivas del Estado para que puedan volver a ser utilizadas cuando el dominio de los patrones sea puesto en cuestión por la lucha de los trabajadores y los sectores populares. Es un asunto de primer orden: desde el levantamiento popular del 2001 contra De la Rúa y el posterior asesinato de Kostequi y Santillán en 2002, las fuerzas represivas no han podido volver a ser utilizadas como forma “normal” de restablecimiento del “orden” público sin provocar la oposición democrática de amplias franjas de las masas. La judicialización de los cortes expresa un giro a la derecha del kirchnerismo pero que, en última instancia, al no poder apelar a la represión directa, tiene que reconocer esa relación de fuerzas, heredada del 2001. Pero justamente aquí radica la perversidad de la política kirchnerista. Decimos perversidad porque como todo gobierno burgués el de los Kirchner acepta como válidos los presupuestos de “orden” que pide la clase empresaria –y la derecha como su vocera más directa- y porque (aunque por vías distintas a las de la derecha) su objetivo final es preparar las condiciones para que pueda usarse la fuerza cuando sea necesario imponer la autoridad estatal.

Vale la pena tener en cuenta cómo actuaron los Kirchner en el duro conflicto de Kraft, el año pasado. En una situación límite, cuando al gobierno se le presentó la oportunidad de demostrar si estaba dispuesto a cumplir en serio el mandato “bíblico” de “no reprimirás” que repiten los “progres” kirchneristas, que significaba desacatar la orden judicial de desalojo de la planta, apoyada por el pedido de la Embajada Norteamericana, las declaraciones de la UIA, la COPAL y la cúpula de la CGT, los Kirchner y Scioli no dudaron en poner a la Bonaerense al servicio de la multinacional yanqui. Todo terminó en un brutal desalojo, transformando la fábrica en un campo de concentración. Si durante el gobierno de Néstor o Cristina no volvieron a repetirse situaciones de este tipo, fue sencillamente porque las fabulosas ganancias capitalistas de todos estos años le permitieron a los patrones ahorrarse despidos masivos como los que lanzó Kraft, y por lo tanto no hubo numerosas tomas de fábrica en respuesta. Pero si vuelven a repetirse situaciones como la de Kraft, no caben dudas que volverán a actuar de la misma manera, más aún después de toda la campaña que han lanzado en defensa del “orden”.

De fondo, la política de judicialización de los cortes está hermanada con el operativo de reconciliación con las FF.AA. genocidas lanzado por el gobierno. La política de derechos humanos, que reivindica el progresismo como lo más avanzado de este gobierno, tiene por fin juzgar a algunos genocidas y cómplices civiles emblemáticos, pero dejando a su gran mayoría en libertad. De esta manera, se busca el objetivo estratégico de poner un nuevo punto final a los juicios, para, sobre esa base de supuesta justicia, declarar que las FF.AA. están libres de culpa y cargo con su pasado oscuro, listas para “reconciliarse” con la sociedad civil. Algo de esto vimos cuando, tras los festejos del Bicentenario, la Ministra de Defensa, Nilda Garré, declaró que “la gente instaló definitivamente un clima de reconciliación en serio”.

Pararle la mano a la penalización de los cortes

Luchar contra la judicialización kirchnerista de los piquetes, de los cortes de ruta y de los conflictos sociales, y contra la política de mano dura de la derecha, es una tarea de primer orden para todos aquellos que defendemos los derechos democráticos de los trabajadores y la juventud. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y las organizaciones de izquierda convocan para este viernes 18 a las 16:30 hs. a una marcha desde el Obelisco al Cabildo cuya principal consigna es “No a la criminalización de las luchas”, mientras se prepara una gran movilización para el mes de julio. La solidaridad con los asambleístas de Gualeguaychú, el fin de las causas contra los asambleístas, los estudiantes de la FUBA y todos los luchadores procesados, y la libertad a los presos políticos tienen que ser parte, junto al castigo a todos los genocidas de la dictadura, de las reivindicaciones de las organizaciones que se reclaman democráticas, del movimiento estudiantil, de la clase obrera combativa, de las nuevas organizaciones del sindicalismo de base que hoy se destacan en la lucha contra los topes salariales y la burocracia.